Los centros de dependientes alertan de que el recorte puede obligar a cerrar residencias en Cantabria
Los centros de atención a dependientes alertaron ayer de que el recorte acordado por el Gobierno (reducirá una media de un 5% la aportación) puede destruir empleo e, incluso, obligar a cerrar residencias. La medida, sin embargo, fue defendida ayer por la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, quien aseguró que «el ajuste, y no recorte» no repercutirá en los usuarios y sólo lo hará en el «margen de beneficio de las empresas».
La decisión del Gobierno ha causado gran preocupación en los colectivos que componen la red de centros de asistencia a la dependencia. La junta directiva de la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (Acesde) se reunió ayer para analizar cómo minimizar el impacto de este nuevo ajuste del Gobierno y mantener el nivel asistencial a los dependientes. Su presidente, Rubén Otero, fue quien alertó de que «hay residencias en la región que pueden quedar sin viabilidad económica». Lo que él y el resto de la junta de Acesde temen es que el cinturón que les han obligado a apretarse sea demasiado justo como para seguir respirando. Aún así, confía en poder llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad -que «por lo menos nos ha llamado para explicarnos y se ha mostrado dispuesta a seguir escuchándonos»- porque para los 30 centros agrupados en la asociación, el objetivo ahora es encontrar el modo de negociar.
Entre las primeras opciones que barajan está la ocupación de las plazas que, de acuerdo a la normativa, deben mantener libres y a disposición de posibles urgencias (denominadas plazas de enfermería). En los centros de hasta 75 usuarios debe haber una libre, pero en los de hasta 150 la norma obliga a disponer de dos plazas.
Los centros propondrán al Gobierno ocuparlas y así minimizar la repercusión económica que supone el plan de ajuste aprobado por el Ejecutivo. Estiman que la reducción de las aportaciones se limitaría de 90.000 euros a 54.000 si se aplica su medida. Desde luego, «lo último que pretendemos es reducir personal», insistió Otero. «No nos interesa», dijo, «porque de lo que se trata es de mantener la calidad del servicio que estamos prestando».
En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación de Residencias del Sector no Lucrativo (Lares), Alfonso Herreros, que tratará de reunirse con los más de 50 centros a los que representa para elaborar propuestas de choque que permitan mantener la asistencia a los usuarios de los centros sin reducir personal.
Evitar el «desplome»
La consejera María José Sáenz de Buruaga insistió en que la medida, coyuntural, es necesaria para evitar «que la red se desplome». Porque o «hacemos algo por hacer sostenible el sistema público de protección social o no habrá nada que proteger». Sáenz de Buruaga estimó que el Gobierno cántabro ahorrará 3,5 millones de euros anuales. Aunque todavía no está cerrado el decreto con los nuevos precios, lo más probable es que este «ajuste a la baja» sea del 3 % para las plazas de atención a discapacitados y del 7 % en las plazas de dependientes. La medida, según Buruaga, no afectará «en absoluto» al número de personas atendidas, ni se va a traducir en una «merma de la calidad» de los servicios ofrecidos. También descartó que se ponga en peligro la viabilidad de los centros o los puestos de trabajo. «Estrechamos el margen de beneficio de las empresas, pero en ningún caso se comprometerá o se pondrá en riesgo la actividad» de la red de atención».
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